El Estado vuelve a pedirle a la Corte que paralice las obras en Ayuí Grande

El Estado Nacional solicitó ante la Corte Suprema de Justicia el “cese inmediato y paralización” del emprendimiento arrocero Ayuí Grande, en la localidad de Mercedes, de la provincia de Corrientes. La presentación fue realizada por la Jefatura de Gabinete con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, a partir de un informe elaborado por la Gendarmería Nacional.

El mega emprendimiento productivo Ayuí Grande es impulsado por el vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, en sociedad con el magnate George Soros, y contempla la construcción de una represa que provocará la inundación de unas 8 mil hectáreas de bosques protegidos, apenas a 50 kilómetros de distancia de los Esteros del Iberá, para regar otras 77 mil hectáreas destinadas al cultivo de arroz. El proyecto es cuestionado por organizaciones ambientalistas que advierten sobre el peligro de afectar de manera irreversible el ecosistema, ya que el lago artificial dejará bajo el agua bosques nativos, flora y diversas especies autóctonas.

La Jefatura de Gabinete resolvió realizar la presentación después de recibir un informe de la Gendarmería que estableció, a partir de información transmitida por representantes legales de la empresa, que las obras podrían comenzar en el plazo de 90 días, según le explicó Da Rocha a Tiempo Argentino.

Se trata del segundo pedido del Estado ante la Corte Suprema de Justicia en relación al proyecto atribuido a las empresas Copra SA –vinculada con Aranda y propietaria de las zonas arroceras más extensas de la Argentina– y Adeco Agro, identificada con Soros, el magnate húngaro.

La primera presentación fue realizada a principios de septiembre pasado cuando la Jefatura de Gabinete promovió una acción de amparo contra la provincia de Corrientes para que el distrito que administra Ricardo Colombi presentara públicamente los informes técnicos y estudios ambientales para evaluar el impacto del proyecto en la región.

En ese momento, el gobierno esgrimió como principal antecedente el dilatado conflicto por la instalación de las pasteras en la localidad uruguaya de Fray Bentos. Sucede que el Arroyo Ayuí Grande, sobre cuyo cauce se proyecta construir la represa para inundar las 8 mil hectáreas, es afluente del Río Uruguay. “Nunca recibimos información adecuada de esta obra. La omisión que produce el gobierno de Corrientes al no aportarnos nunca la información pone en riesgo otra vez la relación de la Argentina con Uruguay”, había advertido entonces el jefe de Gabinete Aníbal Fernández.

El plazo de respuesta a ese reclamo inicial venció hace diez días. Entonces, el Estado insistió con el pedido de informes. La presentación de ayer estuvo empujada por el aporte de Gendarmería. “Ante la información de que los preparativos siguen avanzando se resolvió insistir con el reclamo para evitar un daño que a posteriori resulte irreversible”, explicaron fuentes oficiales a este diario.

“Esta presentación del Estado Nacional ante la Corte se suma a los pedidos oportunamente formulados ante el máximo tribunal en los que se requirió la suspensión de las obras hasta que se hicieran los análisis de impacto ambiental para evitar un perjuicio irreparable por el desmonte en zonas que deberían ser protegidas y, a la vez, a fin de garantizar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay de 1975”, subrayó la Procuración como fundamento del reclamo.

Aunque se trata del segundo reclamo del Estado Nacional, la Corte Suprema no tiene plazos para expedirse sobre el inicio de las cuestionadas obras.

http://www.lavoz901.com.ar/despachos.asp?cod_des=117940&ID_Seccion=5
Fotos: http://lospasosdelpescador.blogspot.com/2009/12/que-no-muera-el-ayui.html

Una siderúrgica brasileña amenaza los bosques nativos del Chaco

Los bosques nativos del Chaco, que se cuentan entre los más castigados del país, podrían sufrir otro revés si se concreta la instalación de una planta que producirá 360 mil toneladas anuales de arrabio, en la localidad de Puerto Vilelas. El arrabio es el material fundido que se obtiene en altos hornos mediante reducción del mineral de hierro y se utiliza como materia prima en la obtención del acero. Para lograrlo, destruirán cerca de 300 mil hectáreas de monte para abastecer de carbón vegetal a los dos altos hornos.

La encargada de hacerlo será Vetorial, una empresa siderúrgica de capitales brasileños que ya fue multada en su país por utilizar carbón elaborado con monte nativo y no cumplir con las normas vigentes. Y en Bolivia no pudo operar porque el gobierno de Evo Morales no la autorizó. A pesar de que anunciaron que en agosto comenzaba a funcionar, la empresa aún debe esperar la autorización del gobierno boliviano para trasladar la planta que está instalada en la localidad de Puerto Suárez.

Son múltiples las voces que se oponen a este emprendimiento que el gobernador Jorge Capitanich definió como “el puntapié inicial para recuperar el parque industrial de la localidad, lo que posibilitará la agregación de valor a las materias primas y la generación de empleos formales y productivos”.

Ramón Vargas, de la Fundación Encuentro por la Vida, alerta que el terreno de 140 hectáreas donde se asentaría la industria es una zona inundable: “No hay un estudio realizado con seriedad. Todo fue improvisado. Se trata de un área de severas restricciones por las inundaciones que padece. Además, la audiencia pública para analizar el estudio de impacto ambiental terminó en batucadas y abucheos hacia los que nos opusimos.”

Rolando Silva, coordinador del Centro Mandela, es otro de los que levantó su voz en contra de la llegada de la empresa por las consecuencias soc iales y ecológicas que puede ocasionar.

“ Favorecerá un programa de saqueo ambiental que generará más indigentes en la región –asegura Silva–. Se inicia así la última fase del probable colapso del ambiente chaqueño, fenómeno por el que no hay que esperar mucho tiempo, porque es muy posible que se produzca en el corto plazo. Apenas se combine con las extraordinarias consecuencias que ya se manifestaron en nuestro territorio a partir de los cambios climáticos derivados del desmonte, del manejo irracional de los recursos naturales y del ambiente”, concluye.

Artículo completo en: http://tiempo.elargentino.com/notas/una-siderurgica-brasilena-amenaza-los-bosques-nativos-del-chaco

Fumigan con glifosato en plena Ciudad y en el Conurbano Bonaerense

Lo hacen junto a las vías del tren para desmalezar y controlar las plagas. Aseguran que no es cancerígeno, pero en algunas zonas está prohibido. Los especialistas advierten sobre las consecuencias de hacerlo al lado de la gente.

Desde al menos cuatro años atrás, las empresas que operan los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires realizan fumigaciones en los alrededores de las vías, con el objetivo de desmalezar la zona y prevenir plagas. La sustancia utilizada es un polémico agroquímico con principio activo basado en el glifosato. Funciona como herbicida en la producción agrícola: con él se eliminan todas las malezas comunes y se permite el avance de la soja transgénica. Precisamente, sólo las semillas genéticamente modificadas (como la soja, el maíz y algunas variedades de girasoles) pueden resistirlo.

En la actualidad, este agroquímico es objeto de fuertes cuestionamientos por parte de una amplia red de científicos, médicos y organizaciones ambientalistas, que en diferentes informes describieron las nocivas consecuencias que su uso indiscriminado está produciendo, tanto en el ambiente como en la salud humana. Hablan de pérdida de biodiversidad y deterioro de suelos. También de enfermedades como cáncer, malformaciones y abortos espontáneos.

En un pueblo sojero de Córdoba, por ejemplo, los habitantes sufrían las fumigaciones sobre los techos de sus casas o frente a las escuelas, y se registraron 500 enfermos, de los cuales 200 tenían cáncer, en una población que no supera los 5000 habitantes. A partir de ese momento, un fallo judicial prohibió la aplicación de agroquímicos en toda la zona urbana. Situaciones similares se dieron en otros lugares del interior del país, como en la ciudad de San Jorge, en Santa Fe, o en La Leonesa, provincia de El Chaco (ver recuadro).

Lo mismo sucedió en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, donde casi todos los municipios tienen ordenanzas que prohíben la utilización de agroquímicos a determinadas distancias de la población. Y en partidos como Vicente López, Lanús, Marcos Paz, Avellaneda o Lomas de Zamora, las fumigaciones que se realizaban en los alrededores de las vías del tren también fueron frenadas gracias a ordenanzas municipales.

“En base a estas medidas, no caben dudas de que el glifosato debe estar bien lejos de la población. Lo importante es que el debate está cada vez más presente”, expresó Federico Aliaga, integrante de la campaña “Paren de Fumigar” del Grupo de Reflexión Rural.

http://tiempo.elargentino.com/notas/fumigan-con-glifosato-plena-ciudad-y-conurbano-bonaerense

“La ley de Glaciares se aprobó a pesar de las presiones de las cámaras mineras”

Luego de una larga sesión que culminó a las 4:30 de la mañana del jueves 30, en la que se escuchó la exposición de más de 30 oradores, los senadores aprobaron con 35 votos a favor el proyecto de Ley, conocido como “Filmus –Bonasso”, que contaba con modificaciones de la Cámara Baja, por sobre el proyecto original del Senado que recogió 33 votos. El proyecto convertido en Ley fue apoyado por organizaciones ambientalistas y asambleas ciudadanas de todo el país, mientras que la versión original del Senado era apoyada por algunos Gobernadores cordilleranos y las cámaras mineras.

http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/cambio-climatico/ley-de-presupuestos-minimos-glaciares-senadores.pdf

http://elotrobicentenarioeldelospueblos.blogspot.com/